Saltar al contenido
Noticias

Filtraron tu contenido: qué dijo la Corte Constitucional y qué vías hay hoy en Colombia

El 10 de noviembre, Semana, Caracol y Cambio informaron de la Sentencia T-322-26, proferida el 2 de octubre por la Sala Segunda de Revisión, con ponencia del magistrado Carlos Camargo Assis. La Corte reiteró que en Colombia no existe un tipo penal específico por difundir contenido íntimo sin consentimiento. Eso no significa que no haya consecuencias jurídicas: el tribunal advirtió que los hechos pueden encuadrar en delitos como la extorsión o el constreñimiento ilegal, y compulsó copias a la Fiscalía. Ordenó a las personas demandadas eliminar el material y no difundirlo; en este fallo no hay órdenes a plataformas. Esta nota es informativa y no constituye asesoría jurídica.


Portada dividida: a la izquierda, la fachada de piedra beige del Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía, en Bogotá, con el recorte centrado en el pórtico de entrada, su cúpula de vidrio y el dintel con una inscripción; se ven fragmentos de los cuerpos laterales, una reja metálica a los lados del pórtico y, al pie, la balaustrada; al fondo, a la derecha, el cerro de Monserrate bajo un cielo nublado; en el borde inferior aparecen unas figuras muy lejanas, no identificables; a la derecha, un teléfono celular negro con la pantalla apagada, recostado en diagonal sobre una mesa de madera oscura, envuelto en una cadena de metal y cerrado con un candado de combinación negro, sin rostros ni logos de marcas o aplicaciones.
Gráfico: The Webcam Show con fotos de Bernard Gagnon / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0) y Towfiqu Barbhuiya / Pexels

Qué resolvió la Corte en la T-322-26

El caso, relatado con los seudónimos Ángela, Esteban y Milena, llegó a la Corte por una tutela. El juez de primera instancia la había declarado improcedente. La Sala revocó esa decisión y amparó los derechos de Ángela; también protegió a su hija.

Según Caracol y Cambio, lo que quedó acreditado no es que el material se hubiera publicado en internet, sino que se obtuvo sin permiso, se entregó a un tercero y hubo amenazas de divulgarlo. La Corte precisó, en palabras recogidas por Caracol, que el consentimiento para producir o exhibir contenido íntimo en una plataforma especializada no autoriza a terceros a acceder a ese material, conservarlo, entregarlo o divulgarlo para otros propósitos.

Ordenó a Esteban y a Milena eliminar de manera definitiva los videos, imágenes y demás contenidos íntimos de la accionante que tengan en su poder —en dispositivos, correos, mensajería, nubes u otros medios— y les prohibió difundirlos, publicarlos, reproducirlos, comercializarlos o mostrarlos a terceros. Cambio precisa que la eliminación debe hacerse en una diligencia ante el juez de primera instancia. No hay, en la parte resolutiva de esta sentencia, órdenes dirigidas a plataformas digitales.

La Corte compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación. Caracol y Cambio coinciden en que el tribunal consideró que los hechos podrían constituir extorsión o constreñimiento ilegal. También reiteró el exhorto al Congreso para que se pronuncie sobre las consecuencias penales de la difusión no consentida, en el marco de la siguiente legislatura —el mismo llamado que había hecho en junio, cuando esa legislatura aún no empezaba—.

Lo que ya había fijado la T-184-26

La Sentencia T-184-26 es del 19 de junio de 2026. El boletín oficial n.º 119, del 8 de julio, y El Espectador, el 9 de julio, recogen su núcleo: el consentimiento para difundir contenido íntimo puede retirarse en cualquier momento y debe ser informado. El boletín precisa que su otorgamiento exige información suficiente sobre los usos y fines de las imágenes, el alcance de su comercialización, las posibles consecuencias y el término para ratificarlo.

A las plataformas involucradas en ese caso —no en la T-322-26— la Corte les ordenó impedir la reproducción de los videos, atender de manera permanente las solicitudes de eliminación y ajustar sus formatos de consentimiento a los criterios fijados en la sentencia. También ordenó a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones elaborar, en seis meses, una guía para prevenir esta práctica.

En la T-322-26, según Caracol y Cambio, la Corte volvió a disponer que esas dos entidades elaboren una guía digital de prevención, esta vez en un plazo de seis meses contado a partir de la notificación de ese segundo fallo. Al 13 de noviembre de 2026 no encontramos una guía publicada, y ninguno de los dos plazos de seis meses había vencido.

Qué vías hay hoy

Sin que esto equivalga a una recomendación jurídica ni a un recetario de pasos, las fuentes oficiales y las propias sentencias describen varios caminos. La tutela fue el mecanismo que, en estos dos casos, llevó el asunto hasta la Corte. Quien considere que hay un delito puede presentar una denuncia ante la Fiscalía: el tribunal, en la T-322-26, remitió el expediente precisamente para que se investigue.

Si se trata de extorsión, la Policía Nacional indica en su sitio que la línea gratuita 165 atiende con un investigador del GAULA de la jurisdicción, y que esa vía está pensada para quien necesite atención inmediata. El Sistema Nacional de Denuncia Virtual ¡ADenunciar!, también de la Policía, permite interponer una denuncia en línea por extorsión y por delitos informáticos, entre otros tipos previstos en esa plataforma. Además, puede pedirse a la plataforma que retire el material, apoyándose en que, según la T-184-26, el consentimiento puede revocarse en cualquier momento; las órdenes concretas de retiro de ese fallo se dirigieron a las plataformas de ese caso.

En qué va el Congreso

El proyecto que tramitaba el tema en el cuatrienio anterior —el PL 247/2024 Senado, 359/2025 Cámara— fue archivado el 20 de junio de 2026 por tránsito de legislatura, según Congreso Visible: un día después de la T-184-26.

En la legislatura actual está el PL 047/26 Senado, acumulado con el PL 167/26 Senado. El rastreador del Senado lo registra en estado «pendiente discutir ponencia para primer debate». La ponencia positiva, de la senadora Esmeralda Hernández Silva, se publicó el 21 de septiembre de 2026 (Gaceta 1343/26). El texto propuesto tipifica la difusión no consentida de contenido íntimo, cubre la redistribución y los contenidos manipulados o generados con inteligencia artificial —incluidos los deepfakes— y plantea penas de 60 a 120 meses de prisión. También prevé que un juez, por orden judicial, pueda disponer el ocultamiento o la desindexación de ese material. Es un proyecto de ley, no una ley: la ponencia no ha sido debatida ni aprobada en primer debate.

Un especial de Infobae Colombia, del 8 de noviembre, documenta amenazas y el temor a denunciar entre algunas modelos webcam en el país, un contexto en el que estas decisiones de la Corte y el trámite en el Congreso adquieren un sentido práctico.

Fuentes

Actualizado el 14 Noviembre 2026